El Congreso frena la actualización de las etiquetas ambientales
La revisión del sistema de etiquetas de la DGT vuelve a quedar paralizada. La intervención del Partido Popular, apoyado por Vox y Junts, ha eliminado del texto final de la Ley de Movilidad Sostenible la disposición que obligaba al Gobierno a estudiar una actualización del modelo en un plazo de 12 meses basada en emisiones reales de CO₂.
Con esta decisión, el esquema actual de etiquetas (CERO, ECO, C y B) seguirá aplicándose al menos hasta 2027, y cualquier modificación futura carecerá de efecto retroactivo. En la práctica, esto blinda durante los próximos años la regulación vigente y reduce la incertidumbre para conductores, fabricantes y flotas.
Un sistema en debate: por qué se quería reformar
La reforma buscaba corregir varios desequilibrios del sistema actual, señalado por expertos y entidades medioambientales por favorecer tecnologías que no siempre cumplen con las expectativas de bajas emisiones en uso real.
Entre las principales críticas:
- Híbridos enchufables (PHEV): reciben la etiqueta CERO con solo 40 km de autonomía eléctrica, pese a que la UE cuestiona sus emisiones reales y su limitada utilización en modo eléctrico.
- Microhíbridos (MHEV): obtienen etiqueta ECO aunque muchos modelos son potentes, consumen más y reducen poco las emisiones reales.
La actualización propuesta habría endurecido criterios, excluyendo tecnologías con beneficios medioambientales marginales y ajustando la clasificación a estándares más estrictos.
La industria aplaude el aplazamiento
La patronal Anfac ha celebrado el freno a la reforma. La industria sostiene que un cambio inmediato podría generar confusión en los consumidores y frenar el avance del mercado electrificado. Los vehículos con enchufe representan ya una de cada cinco ventas en España en 2025, por lo que un endurecimiento prematuro podría afectar a un sector en plena transición.
A nivel regulatorio, las etiquetas siguen basándose en la normativa Euro, centrada en contaminantes como NOx y partículas, mientras que el CO₂ continúa regulado por instrumentos fiscales como el Impuesto de Matriculación.
Un sistema congelado, pero con debate abierto
El Gobierno mantiene la puerta abierta a una futura revisión “cuando exista consenso técnico y político”, pero por ahora el proceso queda suspendido. Todas las condiciones actuales —acceso a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), bonificaciones fiscales y restricciones de circulación— permanecerán sin cambios.
Esta continuidad permite a usuarios y empresas seguir operando bajo un marco estable, en un momento en el que la movilidad sostenible está en el centro del debate público.
Implicaciones para conductores ECO y vehículos GLP, GNC
Para los usuarios de combustibles alternativos, la paralización de la reforma supone una ventaja clara:
- La etiqueta ECO seguirá asignándose sin cambios a vehículos convertidos a GLP/GNC.
- El acceso libre a ZBE en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao está completamente garantizado.
- Se mantienen todas las bonificaciones en el IVTM, ventajas de estacionamiento regulado y exenciones de restricciones por contaminación.
- Las empresas con flotas pueden planificar conversiones con seguridad jurídica para los próximos años.
En un contexto de precios elevados del combustible y creciente presión regulatoria en entornos urbanos, esta estabilidad convierte al GLP, GNC en una alternativa especialmente sólida y rentable.
Conclusión: continuidad legislativa y oportunidades para la movilidad sostenible
La reforma de las etiquetas DGT seguirá en pausa, pero el debate continúa. Las instituciones europeas presionan para incorporar criterios más estrictos de emisiones reales, mientras que la industria reclama estabilidad para asegurar una transición ordenada.
Por ahora, lo que prevalece es un escenario claro:
las ventajas de la etiqueta ECO se mantienen intactas, reforzando el atractivo de las tecnologías de combustibles alternativos y ofreciendo un periodo prolongado de estabilidad para particulares, empresas y flotas.
